Caso Nóos
La Policía interroga a los proveedores de Urdangarín
- El juez ordena a Hacienda que detalle los movimientos económicos
- Sospechan que el instituto Nóos pagó facturas infladas
Los investigadores están citando a los principales proveedores de Nóos para que acrediten los trabajos por los que cobraron cuantiosas cantidades del instituto barcelonés para llevar a cabo dos ciclos de conferencias sobre la relación entre Turismo y Deporte en la capital balear durante los años 2005 y 2006 que tuvieron una duración de apenas dos días y medio cada uno. Y es que buena parte de ellos se encubren bajo conceptos genéricos tales como "asesorías" o "colaboración en las jornadas".
No en vano, los investigadores albergan sospechas de que con cargo al erario público se libraron a través de la entidad que comandaba el yerno del Rey pagos que o bien podrían haber sido inflados o bien se habrían podido librar por conceptos directamente inexistentes. Hasta el momento, los proveedores han defendido la realización y el precio de sus trabajos. Tras examinar los justificantes aportados por los antiguos responsables de Nóos a través de su abogado Manuel González Peeters, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y el Ministerio Público advierten indicios de malversación de caudales públicos y falsedad documental y coinciden en que Urdangarín y sus socios se desviaron buena parte del dinero destinado a las charlas mediante una red de sociedades controladas directamente por ellos o por su entorno.
No en vano, los investigadores albergan sospechas de que con cargo al erario público se libraron a través de la entidad que comandaba el yerno del Rey pagos que o bien podrían haber sido inflados o bien se habrían podido librar por conceptos directamente inexistentes. Hasta el momento, los proveedores han defendido la realización y el precio de sus trabajos. Tras examinar los justificantes aportados por los antiguos responsables de Nóos a través de su abogado Manuel González Peeters, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y el Ministerio Público advierten indicios de malversación de caudales públicos y falsedad documental y coinciden en que Urdangarín y sus socios se desviaron buena parte del dinero destinado a las charlas mediante una red de sociedades controladas directamente por ellos o por su entorno.
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