TEMARIO

jueves, 28 de noviembre de 2013

Los mercaderes del Gobierno del PP


Está en trámites de aprobarse la ley de Seguridad Ciudadana, así como la nueva ley del Código Penal, que,  si sale adelante será una pérdida de derechos y garantías del ciudadano en un ¡sistema democrático!, vaya ironía. De esta ley puesta en marcha, con toda la propaganda mediática de la que dispone el Gobierno, canales de televisión, radio, prensa, mensajes catastrofistas, propaganda subliminal y directa y porqué no decirlo censura, intenta implantar unas leyes  retrógradas en todo su contenido, con el poder que le da su mayoría absoluta,   retrocediendo a la Edad Media , de nobles y siervos. Entre sus leyes, y por mencionar el disparate, pretende multar con 600.000 euros, las manifestaciones ciudadanas  que se produzcan  en las puertas del Congreso, como diciendo ¡no se moleste al señor!, como si el señor elegido democráticamente dispusiera en su legislatura de 4 años de un poder omnipresente, del que no tiene ni que rendir cuentas ni explicarlas , ni que el pueblo soberano,  se pueda manifestar enfrente de una sede que es de todos. Como buen Mercader fijó multas de 600.000 euros , para una vez surgidas  las primeras  protestas , modificar la cantidad de la multa en un gesto de generosidad y dejar las multas en 30.000 euros jugando a mercadear con la ciudadanía , con la democracia, en definitiva jugando con el pueblo al regateo y convencernos de que el esfuerzo de la protesta dio sus frutos. NO, esto no es un bazar, señor presidente del Gobierno, esto es una democracia, donde  se tienen que primar los derechos de los ciudadanos, no el interés o intereses del culo que ocupa el sillón presidencial, el mismo pueblo al que no se quiere escuchar, mediante el único medio que tiene para hacerse oír, como es la manifestación pública, el mismo pueblo que le sentó en el sillón que ocupa, el mismo pueblo que le pide explicaciones sobre sus corruptelas, el mismo pueblo al que le castiga con impuestos, leyes , discriminación, el mismo pueblo al que le desaloja de sus hogares , al mismo pueblo al que se le quiere imponer la  sanidad privada, el copago sanitario, el mismo pueblo que exige rigor bancario. Quizás, sólo nos quede , el pasquín como método de protesta.

En definitiva, las manifestaciones incomodan a este Gobierno  y  a todos los gobiernos totalitarios , tanto como  las protestas, reuniones, o cualquier crítica colectiva que suponga mostrar el malestar a sus políticas,  haciéndolas de manera pública, ¿qué hacen ellos? modificar las leyes para proteger sus intereses, mediante condenas penales , multas deshorbitadas y desproporcionadas, mas, de regímenes absolutistas y totalitarios de otras época,  de esta vieja Europa.

 Atribuir al gobierno el título de feriante, es más un eufemismo, detrás de toda la política desplegada por el partido popular (PP) y lo dejaré como una opinión personal,  es una voluntad urgente de aplicar una serie de medidas destinadas a favorecer a las clases dominantes, que siempre han estado ahí y que la mayor parte de las veces está  en la sombra, dirigiendo nuestro destino y aplicando las medidas que cree que benefician a su status que deben de considerar como Divino.


¿Qué es legítimo hacer cuando los gobernantes dan la espalda a una parte, numerosa, del cuerpo electoral, y reaccionan solo ante las exigencias de las oligarquías financieras?


¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?





La crisis financiera que arrancó el verano de 2007 está produciendo un bloqueo democrático tanto en los órganos de gobierno, centros locales de toma de decisiones, como en la vida de la comunidad. La libertad y la igualdad, pilares del sistema, están siendo amenazadas por la prevalencia de un supuesto estado de necesidad universal, estado de excepción permanente.


Cuando el gobierno viola derechos, la insurrección es para el pueblo, y para cada sector del pueblo, el más sagrado e indispensable de los deberes”, se recoge en La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de  1793 (que ya reconocía, por cierto, “el derecho a resistir a la opresión”).

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