Recopilación de cartas enviadas de los ciudadanos, a un diario de gran tirada.
Privatización del Canal de Isabel II
21 FEB 2012 - 00:03 CET
El Canal de Isabel II es la próxima empresa a privatizar según Esperanza Aguirre. El argumento es que el PP así lo quiere, sin haber dado explicaciones económicas ni de gestión sobre la necesidad de su privatización. Por otro lado se trata de una empresa rentable y de ejemplar calidad y servicio.
Como ciudadano, no veo como es posible que unos políticos cuya obligación es gestionar lo público para mayor beneficio del ciudadano acometa semejante cambio en la propiedad de algo que es de todos y que beneficia a todos, para transferirlo a propietarios privados, y no sólo eso, sino que además transferirá tanto los beneficios económicos de su explotación como las propiedades inmobiliarias y terrenos del Canal.
Por si fuera poco, para engrosar los beneficios económicos de su explotación a los futuros propietarios, el Canal, empresa aún pública, ha subido en dos meses consecutivos, diciembre del 2011 y enero del 2012 las tarifas del agua y de sus servicios. Así se eliminan de antemano las críticas sobre la posible codicia de los nuevos propietarios y se les asegura unos suculentos beneficios a costa del desembolso de todos para el beneficio de unos pocos.
¿A ustedes les parece esto aceptable? A mí no solo me parece inaceptable el hecho en sí, sino que me parece increíble que la oposición no haga todo lo posible, incluida la movilización ciudadana, para impedir semejante apropiación de lo público. Legal, pero injusta e innecesaria.
Federico Goded Rambaud.
De embargos e hipotecas
El tatarabuelo de mi vigésimo tatarabuelo era campesino. Cultivaba una tierra que no le pertenecía, a la que estaba atado de por vida. Gran parte del fruto de su cosecha y su trabajo iba a parar a un despiadado señor feudal que, según dicen, le proporcionaba protección en tiempos de guerra.
El tataranieto de su vigésimo tataranieto, un servidor, vive en un piso que no es el suyo. Pertenece a un banco que en su día le concedió una hipoteca a la que está ligado de por vida. Casi todo el fruto de su trabajo lo destina a pagar los intereses de tan amable préstamo. A final de cada mes, y todos los meses de su vida durante los próximos 30 años, la generosa entidad extraerá de su cuenta el implacable diezmo. Ese era el pago convenido por hacer realidad su derecho constitucional a una vivienda digna. En su momento debió, además, firmar necesariamente un seguro de vida, pues hay gente que tiene la mala costumbre de morirse antes de pagar.
Si las cosas van mal y el tataranieto del vigésimo tataranieto pierde el empleo, el otrora amable banco no perderá su costumbre de cobrar su parte. Muy probablemente embargará la vivienda que tan generosamente posibilitó, para posteriormente venderla de nuevo. Eso sí, como hay que dar al César lo que es del César, el tataranieto del vigésimo tataranieto quedará esclavizado de por vida al otrora amable banco, a causa de una deuda que nunca podrá pagar…
¡Si el tatarabuelo de mi vigésimo tatarabuelo levantara la cabeza…!
Jordi García Quintanilla.
